Justo esta semana como parte de mi trabajo estuve en Nicaragua para coordinar el dictado de un taller en periodismo online a periodistas nicaragüenses. Debo decir que la coordinación y el dictado del taller fueron por demás complicadas tanto por la falta de infraestructura y recursos en dicho país, como por el paro nacional de trasnportistas. Sin embargo, el mayor desafío provino del hecho que el taller lo impartimos en Bluefields, una pequeña ciudad de la Costa Atlántica (en realidad es el Caribe, no el océano Atlántico) marginada de los vaivenes de la capital (no así del paro).
Para realizar este taller tuvimos que lidiar con una serie de obstáculos, unos previsibles, otros no, tales como una esporádica (y lenta) conexión a internet, fundamental para cursos de periodismo online; un calor sofocante en el aula; una barrera de idioma, ya que en Bluefields, la gente habla una mezcla curiosa de inglés y español, entre otros. Sin lugar a dudas, y a pesar de los obstáculos, el esfuerzo valió la pena. Un grupo de periodistas oriundos de una zona sumamente marginada de Nicaragua recibieron capacitación en ciertas técnicas que seguramente les ayudaran en el ejercicio de su profesión. Sin embargo, la experiencia que este taller implicó, además de orgullo, generó en mí una serie de reflexiones sobre la desigualdad económica reflejada en la cada vez más amplia brecha tecnológica, y el impacto de esta en el ejercicio de los derechos democráticos en Latinoamérica.
No es un secreto la gran desigualdad que prevalece en la región; en Latinoamérica hay pobres muy pobres, pero también hay ricos muy ricos (dicho sea de paso, que el hombre más rico del mundo sea un latinoamericano me parece ofensivo en un continente con tantos millones de pobres). Esta desigualdad permea la mayoría de los ámbitos de la vida pública. Hay desigualdad económica, desigualdad en el acceso a la justicia, desigualdad educativa, desigualdad en la representación política y desigualdad en el acceso a y uso de la tecnología, particularmente en el acceso a tecnologías de la comunicación e información. En países como Costa Rica, Chile, o Peru o Argentina, los usuarios de internet por cada 100 habitantes, apenas sobrepasan los 20 usuarios. Ya no se diga países como Honduras, Bolivia o Nicaragua, los cuales no llegan ni a 5 usuarios por 100 habitantes (http://data.un.org/Data.aspx?q=internet+users&d=CDB&f=srID%3a29969). Aun así, estas cifras no tienen el mismo impacto hasta que uno se enfrenta con la realidad de las zonas marginadas en los países de nuestra región, cuando uno debe, a mitad del taller, ayudar a varios participantes a obtener su primer cuenta de correo electrónico en gmail.
Esta desigualdad tecnológica converge con una tendencia mundial la cual busca impulsar los llamados e-governments o gobiernos electrónicos. Estos esfuerzos son sin lugar a dudas liderados por los países desarrollados, sin embargo, grandes cantidades de dinero (de los gobiernos, agencias de cooperación internacional etc) están siendo canalizadas hacia el desarrollo de las capacidades informáticas de los gobiernos, para así facilitar el ejercicio de los derechos democráticos, así como el cumplimiento de ciertas obligaciones con el estado.
Es innegable que las tecnologías de comunicación tienen un gran potencial para facilitar el ejercicio de dichos derechos, tales como el monitoreo de la gestión social y la rendición de cuentas, así como el pago de impuestos, registros públicos etc. Sin embargo, el estar frente a semejantes carencias tecnológicas en la Costa Atlántica nicaragüense, me hizo reflexionar sobre el impacto que el uso de la tecnología en la vida democrática puede tener en sociedades altamente desiguales como las latinoamericanas.
Imaginemos un escenario donde la información pública corre a gran velocidad por el internet, donde gran parte de los trámites se deben hacer a través de esta, cosa que no es totalmente remota, aún en los países latinoamericanos. Siguiendo en este ejercicio mental, supongamos que la desigualdad tecnológica continúa creciendo. El resultado de estas dos tendencias sería una gran población ya marginada, cuyos niveles de exclusión se incrementarían considerablemente al no poder acceder a las herramientas que les permitan practicar sus derechos y cumplir con sus obligaciones.
En ninguna manera esto es una crítica para la tecnificación de los gobiernos, al contrario, el internet tiene un potencial enorme. Lo que debe ser tomado en cuenta es la necesidad de acompañar estos procesos de tecnificación con políticas que desarrollen la infraestructura y el acceso a la tecnología para los sectores marginados. Estas políticas deberían incluir, además de infraestructura, campañas de alfabetización tecnológica. De esta forma las posibilidades que brinda la tecnología podrán ser aprovechadas por la población en general, y no solo por los sectores acomodados, contribuyendo así al desarrollo de sociedades más equitativas.
